A 74 funcionarios de la municipalidad de Coquimbo no se les renovó el contrato a honorarios, lo que ha causado la protesta de los trabajadores y el anuncio de acciones legales en contra de la corporación.
De hecho, muchos despedidos están preparando las demandas por pago de indemnizaciones, cotizaciones y otros derechos.
El abogado de los empleados arrojados a la calle, Joseph Rivera, precisó que tienen lista la demanda para ingresarla al Juzgado del Trabajo de La Serena, por “el reconocimiento de la relación laboral, el despido injustificado e improcedente y además del cobro de las prestaciones legales, o sea, laborales de los trabajadores. Junto con las indemnizaciones también”.
Rivera añadió que la gran mayoría de las personas que representa (15) están sujetos a contratos de honorarios, “Sin embargo, como nosotros vamos a probar en el Juzgado del Trabajo estos contratos honorarios como lo dice la ley, específicamente el artículo 4 de la ley 18.883, que es la ley del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, la ley permite que se pueda contratar honorarios, pero siempre y cuando sean labores accidentales y que no sean habituales. Pero en el caso de las personas que yo represento, hay una habitualidad, por lo tanto, aquí se hacen contratos honorarios, pero se disfrazan y, en definitiva, son contratos de trabajo”.
El jurista agregó que muchos de los trabajadores que representa llevaban 10 años, 15 y otros 24 años laborando, “Entonces de qué estamos hablando, ¿no hay habitualidad en eso? Además, les hacían cumplir horario de lunes a viernes, obedecían órdenes, por lo tanto, estaban bajo condiciones de subordinación y dependencia, porque tenían una jurisdicción, tenían funciones que cumplir”.
Además, el abogado Joseph Rivera explicó que perseguían la cancelación de los años de servicio, las imposiciones, las vacaciones proporcionales, los días administrativos y el mes de garantía o indemnización.
“También buscamos que se le pague el interés del 50%, porque el despido fue mal ejecutado. En definitiva, el grupo que yo represento estamos hablando de más de 100 millones de pesos”, detalló.
Algunos de los funcionarios a los que no se les renovó el contrato, denunciaron lo sorpresivo de la medida, como es el caso de Cecilia Cortés, quien trabajó 27 años en el municipio, fue llamada y se le hizo entrega de una carta donde no se explicaba mucho y perdió su empleo.
“Me considero una buena funcionaria y no encontré ningún motivo por el cual me habían despedido. No me pagaron imposiciones desde el año 2006, solamente el sueldo, nada más”, afirmó.