Tenemos el placer de presentar a nuestros lectores el último ensayo publicado por el Doctor en Historia y académico de la Universidad de Chile, Sergio Grez Toso, sobre la matanza obrera de La Coruña, acaecida en junio de 1925, hace precisamente un siglo atrás. El presente trabajo investigativo es, sin dudas, el más actualizado y próximo a la verdad histórica respecto de la noche larga que enlutó a la clase trabajadora de Chile y el mundo. Su bibliografía y las innumerables ediciones de Sergio Grez en relación a la historia del movimiento obrero en Chile, avalan la excelencia y rigor científico de este documento.
Agradecemos de corazón el inmenso empeño invertido por Sergio Grez en reconstruir la verdad histórica, en la hora justa en que el actual movimiento de los trabajadores y trabajadoras sufre una durísima embestida de las clases capitalistas que solamente buscan el lucro a costa de la intensificación de la explotación humana y la expoliación de la naturaleza.
por Sergio Grez
Introducción
La gran masacre de obreros de la oficina salitrera La Coruña (1) en la pampa de Tarapacá a comienzos de junio de 1925 tiene poca historiografía, cuestión altamente reveladora, pues, como acertadamente observó Marc Ferro, “la sociedad impone, a menudo, silencios a la historia, y esos silencios son la historia, del mismo modo que la historia” (2).
Aunque se trata de un hecho aludido en varios textos historiográficos referidos a esa época, ha recibido escasa atención específica. En mi conocimiento, solo ha sido tratada con cierta dedicación
por Guillermo Kaempffer (3), Gonzalo Vial (4), Alberto Harambour (5), Rolando Álvarez (6), Felipe Portales (7) y María Fernanda Guajardo (8).
A contrapelo de la práctica disciplinaria consistente en presentar primero el “estado del arte” sobre el tema, en esta ocasión invertiré el orden dejando el examen de las tesis e interpretaciones historiográficas de estos autores para cuando sea necesario, a medida que avance el relato de una historia aún insuficientemente estudiada.
La mirada en este artículo estará centrada en cinco puntos: la reconstrucción de la génesis, desarrollo y desenlace de las huelgas tarapaqueñas de junio de 1925 cuyo epicentro fue La Coruña; el análisis del fenómeno del armamento proletario para defenderse de la acción de los cuerpos represivos del Estado; el liderazgo de este movimiento tan radical; la decisión de las autoridades nacionales y provinciales (civiles y militares) de aplastar al movimiento obrero mediante el uso ilimitado de la violencia armada y, finalmente, una estimación del costo humano de la tragedia, inscribiendo estos hechos en el momento de inicio de la transición del Estado asocial, excluyente al Estado asistencial, retóricamente incluyente y “de compromiso”.
Partiendo de la intuición razonablemente sostenida en los aportes de quienes me precedieron en el estudio de este tema y en una investigación e interpretación propia, sostengo que la radicalización de un núcleo de activistas de la FOCH y del PCCh se debió a la intransigencia de los empresarios del salitre, rara vez dispuestos a hacer concesiones significativas a sus trabajadores, a la insatisfacción de estos con las magras conquistas de luchas recientes en el nuevo marco del sindicalismo legal y de implementación oficial de mecanismos de conciliación y de arbitraje. La contrapartida de este fenómeno sería la radicalización de los dirigentes del Estado, quienes, a pesar de su declarado reformismo, no vacilaron en ordenar una represión inmisericorde contra franjas del movimiento obrero reacias a la metamorfosis estatal y a la integración a costa de la pérdida de la autonomía relativa que habían gozado hasta entonces. De este modo, factores estructurales de larga duración ⎯como una clase patronal poco proclive a las concesiones en el marco de una economía dependiente y mono exportadora⎯ se conjugaron con el imaginario revolucionario irradiado desde la Revolución rusa, empujando a un importante segmento del proletariado salitrero a dar una lucha frontal sin mayores consideraciones sobre las reales posibilidades de que el movimiento en curso diera comienzo, como al parecer creyeron muchos obreros pampinos, a la ansiada revolución social. Estos serían los principales hilos de la enredada madeja de factores que culminaron en la masacre de La Coruña y en la pérdida de numerosas vidas en otros puntos de la pampa del Tamarugal en aquel infausto mes de junio.
El contexto
1925 fue un año muy convulsionado en Chile. El 23 de enero, un nuevo golpe militar dado por los oficiales jóvenes de tendencia reformista del Ejército (Carlos Ibáñez del Campo, Marmaduke Grove y otros) derrocó a las máximas jefaturas del Ejército y de la Armada, que se habían constituido como Junta de Gobierno de orientación conservadora luego del “golpe blando” que había desplazado en septiembre de 1924 al presidente Arturo Alessandri Palma, el famoso “León de Tarapacá” (9).
La efervescencia social y política creció durante el verano de 1925. El llamado de los militares jóvenes a Alessandri para que volviera a Chile a completar su mandato presidencial luego de su autoexilio en Italia, y la promesa de los uniformados de convocar a una Asamblea Constituyente, reafirmada por el León antes de su regreso al país, generaron gran entusiasmo ciudadano, incluso en las filas de buena parte del movimiento popular que, por iniciativa del Partido Comunista (PCCh) y de su brazo sindical, la Federación Obrera de Chile (FOCH), se apuró en organizar una Asamblea Constituyente de Asalariados eIntelectuales (más conocida como la “Constituyente Chica”), en tanto paso previo y autónomo a la “Constituyente Grande”, la nacional, que se esperaba que convocara Alessandri apenas retomara sus funciones en La Moneda.
La “Constituyente Chica” se proyectó como un ejercicio deliberativo destinado a aunar puntos de vista y preparar un anteproyecto de Constitución que reflejara los intereses populares, concitando el apoyo no solo de comunistas y fochistas sino también de algunas franjas de militantes demócratas, radicales, sindicalistas independientes, feministas y de un sector de los anarquistas (10).
El apasionado clima político se entrelazó con la agudización del conflicto social.
La región del salitre, especialmente la provincia de Tarapacá, se encontraba en ebullición. Las leyes sociales aprobadas en septiembre de 1924, de prisa y corriendo como consecuencia del “ruido de sables”, empezaban tímidamente a aplicarse; el PCCh y la FOCH ⎯no sin vacilaciones y contradicciones internas⎯ se estaban sumando al proceso de nuevas inscripciones electorales (11), a la creación de sindicatos legales (12) y a la participación en la instauración de los mecanismos legales de conciliación y arbitraje, pero la conflictividad laboral no disminuía en las oficinas salitreras ni en otras ramas de la economía (13).
La crisis de la industria del nitrato por la competencia del salitre sintético alemán y, según los empresarios, por el encarecimiento de los costos de producción debido a la puesta en funcionamiento de la legislación social, que habían provocado el cierre de 79 de las 149 salitreras, atizaba el conflicto de clases. Por otra parte, la resistencia patronal a aplicar las nuevas leyes y su práctica de continuar, a pesar del cierre de oficinas, “enganchando” trabajadores desde otras provincias, a fin de provocar una sobreoferta de mano de obra para deprimir los salarios, exacerbó el ánimo de los obreros (14).
Las movilizaciones previas
Desde agosto de 1924 se habían desarrollado numerosas huelgas en la pampa del Tamarugal: en las oficinas salitreras Bellavista, Constancia, Keryma, La Palma, Santa Laura, Cóndor y en cuatro oportunidades en Rosario de Huara (cantón norte), epicentro de la exigencia obrera de la disolución de la Asociación de Productores del Salitre (15), acusada de prácticas monopólicas, además de la ya indicada consistente en saturar el mercado laboral. Los acuerdos contraídos entre patrones y trabajadores solo significaron un breve paréntesis de aparente tranquilidad, pues en febrero de 1925 se produjo un nuevo movimiento en la oficina Cóndor, que si bien culminó satisfactoriamente para los trabajadores, no puso término al clima de agitación ya que en marzo se desarrollaron nuevos conflictos en Rosario de Huara y Constancia, y entre el 6 y el 11 de abril se llevó a cabo una huelga general en gran parte de la pampa, que culminó con el reconocimiento oficial de la Federación Obrera en las oficinas salitreras. En estos movimientos descollaron dos dirigentes fochistas, José R. Bascuñán, del cantón norte, y Carlos Garrido, del cantón sur, siendo este, probablemente, el más influyente (16).
Las movilizaciones sociales abarcaban toda la región del salitre. En enero y febrero se produjeron algunas huelgas de empleados particulares y de obreros del “oro blanco” en la provincia de Antofagasta; durante marzo y, especialmente, abril se desarrollaron numerosas huelgas de trabajadores ferroviarios, portuarios y salitreros en Tarapacá, que lograron algunos aumentos de salarios, jornada laboral de ocho horas, pago de horas extras y reconocimiento de las organizaciones sindicales. Pero las demandas más políticas, como la disolución de la Asociación de Productores del Salitre, la nacionalización de la industria del nitrato de sodio y la remoción de los agentes de la pampa, habían sido rechazadas por el Tribunal Arbitral impulsado por el PCCh y por la Intendencia (17).
El incumplimiento de estas reivindicaciones tensionó al movimiento obrero: a la tradicional crítica de los anarquistas, que acusaban a los comunistas de “amarillos” por sumarse al juego institucional burgués (18), se sumó la radicalización de algunos sectores de trabajadores fochistas y comunistas que empezaron a barajar la posibilidad de desarrollar métodos de lucha más enérgicos, sobrepasando la política oficial del partido.
En realidad, el PCCh y la FOCH, más allá de sus proclamas revolucionarias, practicaban una política moderada que apuntaba a la obtención de reivindicaciones gremiales (principalmente económicas) y a una democratización de la sociedad y del sistema político, sin planteardesde sus niveles centrales la nacionalización de las explotaciones salitreras ni menos una alternativa de poder revolucionario al estilo bolchevique (19), prudencia que estaba en armonía con el nivel de conciencia medio de la masa trabajadora sobre la que ejercían influencia. Lo que no era obstáculo para que fochistas y comunistas (que a menudo se confundían) impulsaran huelgas y movilizaciones para arrancar concesiones a los patrones y al Estado, cuestión muy notoria en la región salitrera, uno de los puntos donde ejercían su mayor influencia.
Hacia el término de la primera semana de abril, la tensión era muy grande en Tarapacá, pues la paralización del ferrocarril había sido total y corrían fuertes rumores de una huelga general. En el cantón sur, cuya cabecera era el pueblo de San Antonio, se encontraban detenidas las faenas en las oficinas salitreras Argentina, La Coruña, Vigo, San Enrique, San Pedro, Pontevedra y Barrenechea; luego se unirían a la huelga las oficinas La Granja, Sur, Centro y North Lagunas, situadas en las cercanías del poblado de Lagunas, del mismo modo que las oficinas del cantón norte Tres Marías, Mapocho, Peña Grande, San Donato, San Jorge, Maroussia y Verdugo, ubicadas en torno a Huara y Pozo Almonte. A sus demandas económicas específicas, los operarios de estas oficinas habían agregado la solidaridad con los ferroviarios de Iquique y el reconocimiento de la FOCH en todas las oficinas.
Por aquellos días se realizó en San Antonio una manifestación de más de 2500 obreros de las oficinas del cantón sur, lo que daba cuenta de la amplitud que había cobrado el movimiento, a la par que ponía en evidencia su radicalización, pues los participantes agregaron dos nuevos puntos a su pliego de peticiones: la nacionalización de las salitreras y la destitución del jefe de carabineros de Huara, extendiéndose esta exigencia a todas las oficinas que se hallaban en huelga. No obstante, la movilización se terminó en pocos días, gracias a las hábiles negociaciones llevadas por el intendente Recaredo Amengual o por sus representantes, que llegaron a acuerdos separados con los ferroviarios y con los pampinos bajo la forma de constitución de tribunales de conciliación. Estos arreglos, si bien parecieron satisfacer algunas peticiones de los obreros, en realidad no hicieron sino aplicar la legislación social promulgada el año precedente, sin obtener nada sustantivamente nuevo, especialmente en materia salarial (20).
La FOCH trató de aparentar complacencia por estos resultados: “gran triunfo moral de los trabajadores” fue el titular de su periódico central. No obstante, para apagar el descontento que reinaba en buena parte de su base social envió a la pampa a uno de sus dirigentes, Amador López, a impartir conferencias dando cuenta de los arreglos a que había llegado el Tribunal de Conciliación (21).
Alessandri, profundamente satisfecho de la gestión de Amengual, le despachó una misiva de felicitaciones, y por su intermedio a los empresarios y representantes obreros, por su “espíritu de concordia y de recíproca cortesía y armonía” (22).
A pesar del desenlace aparentemente armonioso de estas huelgas, la situación en la pampa continuó siendo tensa, lo que movió al intendente Amengual a enviar hacia esa zona al teniente coronel de Ejército, Acacio Rodríguez, a cargo de un fuerte contingente del regimiento Carampangue (23). Entretanto, algunos delegados obreros del salitre se reunieron en Santiago con el presidente de la República, sin obtener ningún compromiso formal de su parte, solo un rechazo rotundo a la petición de disolución de la Asociación de Productores del Salitre, negándose, por su parte, los dirigentes sindicales a comprometerse a no realizar más huelgas: “hemos dicho que no las habrá siempre que no haya abusos y se nos respeten nuestros derechos como ciudadanos” (24), sostuvieron poco después en la prensa. Y agregaron: “De otra manera las habrá porque no podemos renunciar a la única arma que tenemos los trabajadores para defendernos” (25).
En verdad, algunas franjas muy significativas del movimiento obrero pampino estaban considerando otros medios para defender sus intereses, realizando acciones destinadas a procurarse, precisamente, la fuerza material de las armas para usarla contra los bienes de los capitalistas. Es así, como de acuerdo a lo informado por un juez del crimen de turno en Iquique, la noche del 24 de mayo, “obreros exaltados” intentaron hacer explotar con dinamita la bóveda de la oficina salitrera Santiago (26) .
La persistencia del clima social profundamente enervado llevó a las autoridades a adoptar nuevas medidas represivas: frente los rumores de perturbaciones obreras y ante la posibilidad de interrupción de las comunicaciones telegráficas, orden para que durante el mes de junio los buques de la Armada se mantuvieran en Iquique y Antofagasta a fin de prestar oportunos servicios radiotelegráficos (27); copamiento militar de las oficinas salitreras tarapaqueñas; reforma a la ley de imprenta para sancionar a los periódicos obreros que injuriaran a las autoridades civiles y militares o incitaran a la huelga; y publicación de un nuevo reglamento sobre el derecho a reunión en las oficinas salitreras y centros mineros para castigar a los agitadores que instigaran a los trabajadores a levantarse contra las autoridades (28).
Huelga general en la pampa del Tamarugal y movilización de tropas
En este contexto, el miércoles 3 de junio se inició en el cantón tarapaqueño de Alto San Antonio un paro decretado por la FOCH, en protesta por la deportación de 33 federados que habían sido detenidos en Pisagua el 31 de mayo por orden del gobernador capitán Alberto Labbé, quien, además de numerosos atropellos a la población trabajadora, había prohibido el uso de la bandera roja y ordenado que en todas las manifestaciones se llevara la bandera nacional (29). La nueva huelga, que se extendió a Iquique el 4 de junio, impulsada por comunistas y anarquistas, era también para protestar por la clausura ordenada por el general Florentino de la Guarda del periódico comunista El Despertar de los Trabajadores (30), además de la prohibición de las hojas ácratas El Surco y El Labrador (31).
Ese mismo día, en cumplimiento a lo ordenado por la Comandancia General de Armas de la provincia, el capitán Fernando Enrique Caballero asumió el mando de las tropas que actuarían en la pampa y procedió a dividirlas en tres grupos correspondientes a los siguientes sectores: 1°) De la oficina Primitiva al pueblo de Pozo Almonte, a cargo del capitán Alfredo Espinoza del regimiento “Carampangue”; 2°) De Central a Gallinazos, bajo su propio mando directo; 3°) De Pan de Azúcar a Lagunas, a las órdenes del mayor Justo Pedraza del regimiento “Granaderos” (32). Estos refuerzos se sumaron a las tropas que se encontraban con anterioridad en la pampa, el primer escuadrón de R.C.I. con asiento en la oficina de San Pedro, y un escuadrón de carabineros instalado en la localidad de Huara. La noche del 3 al 4 de junio, la autoridad intentó hacer una operación similar a la de Pisagua en el local de la FOCH del pueblo de San Antonio, pero el gran número de personas ⎯principalmente hombres, acompañados por unas cuantas mujeres y niños⎯ que se habían concentrado en esa sede sindical resistió con energía a los uniformados, provocándose una gresca que se saldó con dos guardianes muertos producto de heridas por disparos realizados por los obreros. Al amanecer, una serie de ráfagas de ametralladora lanzadas al aire por orden del capitán Jorge Fernández, obligó al centenar de personas que se había mantenido en el local fochista a salir con las manos en alto. Si bien las mujeres y niños fueron liberados de inmediato, 93 hombres fueron llevados a la oficina salitrera San Pedro, y días más tarde fueron transportados hasta el velódromo de Iquique (33).
Según el parte del capitán Caballero, en el local de la FOCH se encontró “dinamita, bombas del mismo explosivo y gran cantidad de folletos, correspondencia y libros de propaganda subversiva, como también cuatro banderas o estandartes rojos” (34). Luego de la ocupación militar del local sindical de San Antonio, un piquete de soldados armado de una ametralladora se dirigió a la oficina Barrenechea donde ⎯según informaron carabineros⎯ los comunistas habrían agredido a balazos y con dinamita a los uniformados. Según la versión oficial, el enfrentamiento entre militares y trabajadores no causó bajas fatales ya que los trabajadores se atrincheraron en las casas del campamento donde no podía disparárseles por estar habitadas por mujeres y niños (35). Casi simultáneamente, el Estado de sitio fue decretado por 60 días en las provincias de Tarapacá y Antofagasta (36).
Mientras ocurrían estos hechos, el ministro de Guerra, Carlos Ibáñez del Campo, enviaba en barcos de la Armada, tropas, pertrechos y municiones hacia Iquique: desde Valparaíso fue despachado el crucero Zenteno, y el destructor Lynch llevó al mismo puerto tarapaqueño al Regimiento Rancagua, de la guarnición de Tacna, que aún se encontraba en poder de Chile. Por su parte, el crucero O’Higgins transportó tropas, dos ametralladoras, un par de cañones de artillería, municiones, pertrechos de guerra, soldados y marineros, material y personal que fue trasladado rápidamente a la pampa en camiones (37). Era el mayor despliegue de poder militar contra el movimiento obrero desde la “huelga grande” de Tarapacá, cuyo luctuoso desenlace en la escuela Santa María de Iquique en diciembre de 1907 aún estaba fresco en la memoria popular. El Estado movilizaba nuevamente un gran poder de fuego para aplacar la rebelión proletaria y propinar a sus protagonistas un castigo que sirviera de escarmiento por mucho tiempo.
La decisión de aplastar sin contemplaciones el levantamiento obrero quedó reflejada en un telegrama despachado por Ibáñez al Comando de la División en Iquique, a cargo del general Florentino de la Guarda, nombrándolo jefe de todas las Fuerzas Armadas de la provincia e instándolo a que, en caso que se produjera un “movimiento subversivo de carácter comunista” (previsto según las autoridades para el 1 de junio), procediera “con la mayor energía a fin de mantener el orden público y la libertad de trabajo”, deteniendo a los cabecillas, manteniéndolos incomunicados hasta recibir órdenes del Ministerio y ajustando los procedimientos al estado de sitio (38). Lo que significaba entregar a los militares el control de la provincia con amplios poderes para actuar en función de la mantención del orden público que, como suele ocurrir cuando este aparece amenazado por los movimientos populares, equivale a la salvaguardia del orden social.
En la mañana del jueves 4 de junio, los trabajadores de la oficina La Coruña iniciaron su paro de actividades, produciéndose poco después un “confuso incidente” ⎯de acuerdo con la versión comunista⎯ en el que falleció el jefe de la pulpería de la empresa, Luis Gómez Cervela; aunque según una nota del periódico iquiqueño El Tarapacá, esta muerte ocurrió durante un enfrentamiento a balazos entre Gómez Cervela y los trabajadores, resultando, además, heridos el sereno mayor de la oficina y un agente viajero.
Pero lo más inquietante para las autoridades era, según sus propias afirmaciones, el establecimiento de un soviet en La Coruña, cuyo comisario era Carlos Garrido, el mismo personaje que en abril había encabezado la huelga general (39).
Hacia el mediodía del 4 de junio llegaron a Alto San Antonio las primeras tropas enviadas desde Iquique al mando del comandante Acacio Rodríguez para dirigirse inmediatamente hacia las oficinas que estaban tomadas por los trabajadores: Resurrección, Felisa, Pontevedra, San Enrique, Santa Lucía y La Coruña, produciéndose enfrentamientos en Barrenechea y Argentina, además de un incidente parecido en el cantón norte, en la oficina Maroussia, resultando herido un sargento del regimiento Granaderos, que mató con su sable a un trabajador. De acuerdo con lo informado por el intendente Amengual al ministro del Interior, los obreros se habían apoderado de armamento en las oficinas de La Coruña, Esmeralda, Resurrección y Pontevedra, además del campamento Barrenechea.
Según la versión del capitán Caballero, en Barrenechea más de 600 obreros recibieron a la tropa a tiros de carabinas, revólveres y a dinamitazos; los militares los repelieron mediante el uso de la ametralladora del escuadrón, obligándolos a replegarse a su campamento, donde se les mantuvo sitiados a la espera de refuerzos de Iquique. Al mediar esa tarde ⎯hacia las 17 h⎯ una gran cantidad de obreros también atacó a los uniformados en las oficinas Vigo y Argentina, pero la oportuna llegada de una ametralladora del regimiento Carampangue con sus fuegos hacia Vigo los contuvo. En la oficina Argentina, más de 200 trabajadores hicieron volar el cuartel de carabineros a dinamitazos, resultando algunas bajas entre los pampinos producto de la resistencia que les opusieron los 10 granaderos y carabineros presentes en ese lugar. En la noche, numerosos trabajadores a caballo y a pie asaltaron la administración de la oficina Felisa, obligando a su encargado a entregarles las armas y el ganado. Los carabineros presentes en esa oficina, contradiciendo sus declaraciones de dar la vida antes de entregar sus armas o abandonar la administración,sintiendo que los pampinos se impondrían por su número y decisión de lucha, terminaron replegándose hacia la oficina San Pablo (40).
La masacre
El armamento y la decisión combativa de los trabajadores movió al jefe militar de la pampa a solicitar el envío de artillería y más hombres de refuerzo, pues, a su juicio, la gran cantidad de bombas y de dinamita encontradas en el local de la Federación Obrera de San Antonio, “indicaban claramente que no se trataba de una huelga vulgar, sino que de un movimiento abiertamente revolucionario”, como lo probaban los ataques a los uniformados (41).
Alertados por estos sucesos y por la creciente presencia de tropas, cientos de obreros de las oficinas Felisa, Resurrección, Santa Lucía y San Lorenzo se concentraron en La Coruña, y bajo la dirección de Carlos Garrido establecieron una línea de defensa con algunos revólveres, dos carabinas Winchester con 20 tiros cada una y cuatro fusiles Comblor de la guerra del Pacífico con 15 tiros en total y algunos cartuchos de dinamita de los que empleaban para sus trabajos (42).
¿Por qué lo hicieron? Según la historiadora María Fernanda Guajardo, existen tres hipótesis plausibles. La primera tiene que ver con la influencia de algunos dirigentes locales de la FOCH, especialmente de Carlos Garrido, que habrían optado por enfrentarse directamente a los patrones y a las Fuerzas Armadas, a contrapelo de la orientación mucho más moderada que tenían el PCCh y la FOCH a nivel nacional, cuestión sobre la que volveré más adelante (43). La segunda causa habría sido el rumor que corría por aquellos días que “la revolución social había estallado en todo el país, y que la tropa que se encontraba en Alto San Antonio se había plegado a los obreros” (44).
La tercera hipótesis apunta a noticias señalando que en el campamento Barrenechea y en la oficina Argentina estaban masacrando a los obreros, lo que habría movido a sus compañeros de La Coruña a parapetarse para resistir (45).
Estas hipótesis no son excluyentes; es perfectamente posible que concurrieran los tres elementos para la conformación del escenario en el que se desarrollaría la tragedia, aunque a nuestro parecer, la orientación radical de un puñado de dirigentes fochistas fue el más influyente en la decisión de resistir a toda costa el asalto que preparaban las tropas enviadas por el gobierno. Así, estos líderes se preocuparon de reunir víveres, agua y dinamita; además, según algunas versiones que posteriormente serían profusamente difundidas por las autoridades y por la prensa burguesa, habrían organizado “guardias rojas” para enfrentar al enemigo que se aprestaba a atacarlos.
Completando la tenaza represiva sobre los pampinos tarapaqueños, durante la noche del 4 al 5 de junio los militares allanaron el local de la FOCH en Huara, matando a siete obreros, como reconoció Acacio Rodríguez, aunque es posible que el número de bajas haya sido mayor. Durante la mañana del viernes 5 de junio recorrieron las oficinas buscando a los líderes del movimiento obrero tildados de “subversivos”. En el cantón norte se produjeron los hechos más violentos.
Según Rodríguez, en la oficina Maroussia los trabajadores se resistieron al allanamiento, resultando nueve muertos, todos proletarios, ningún militar, aunque es posible, como solía ocurrir, que la cifra real de víctimas haya sido superior. De acuerdo con un informe de Carabineros, en el local de la Federación Obrera se encontró una gran cantidad de armas (entre estas una carabina Winchester con balas dum-dum), siendo aprehendidos “26 comunistas” (46).
Ese mismo día, el teniente coronel Rodríguez remitió desde la oficina de San Pedro un telegrama a la Comandancia General de Armas de Iquique, describiendo en términos alarmantes la situación en la pampa a fin de convencer a sus superiores sobre la necesidad de actuar con “toda energía” para aplastar al “soviet” obrero:
“1) La situación del momento en la pampa es más grave de lo que puede estimarse. No se trata ya de una huelga sino del establecimiento del soviet. En Coruña y Pontevedra ya está establecido. El momento exige toda energía. Sírvase usted disponer el cumo [sic] inmediato de municiones porque ya escasean.
2) Los comunistas ya están preparados para atacar a las tropas con armamento y dinamita.
3) Se han producido durante todo el día encuentros, afortunadamente nuestra tropa está sin novedad.
4) El suscrito no habla por teléfono a fin de evitar la propagación de noticias tendenciosas.
3) Mi ayudante dará a usted mayores detalles” (47).
Al finalizar el 5 de junio había una gran concentración de tropas en la pampa tarapaqueña: dos regimientos completos; a saber, el Rancagua y el “Granaderos”, un batallón de infantes del regimiento Carampangue, la batería artillera General Salvo y marineros de la Armada provistos con ametralladoras (48) .
El campamento Barrenechea cayó ese día tras una breve resistencia y luego ocurriría lo mismo en Pontevedra, tras sendos bombardeos con tiros de artillería que deben haber causado numerosos muertos entre los trabajadores, aunque Rodríguez omitió referirse a bajas en estos casos (49).
Según un informe del Comité Ejecutivo Nacional de la FOCH, en las oficinas ocupadas por las tropas antes del ataque a La Coruña, a pesar de que los obreros habían izado la bandera blanca en señal de paz, los uniformados entraron y procedieron a detener y exterminar a todos los trabajadores sindicados como federados o comunistas. Luego de rodear cada oficina y amenazar con matar a quienes se atrevieran a salir, comisiones compuestas por los militares, el administrador y el sereno recorrían el campamento y apresaban a los que figuraran en la lista del administrador, en la que estaban anotados los nombres de los activistas. “Los presos eran encerrados y en la noche se les hacía desaparecer de la vida”, agrega este informe, pero sin dar cifras ni datos más precisos (50).
La situación de los trabajadores era a tal punto desesperada que, antes de estos dos ataques, el comité revolucionario de La Coruña había ofrecido su rendición mediante un documento presentado por José Cerda al capitán Enrique Caballero, aunque según el testimonio de este militar, luego de parlamentar con el representante de los trabajadores, acudió al Alto San Antonio a informar a su jefe, el comandante Rodríguez, quien no aceptó la rendición de los obreros ya que estos ponían ciertas condiciones, indicándole que esperara sus órdenes. Caballero obedeció y, para ganar tiempo, ordenó a sus tropas que se trasladaran frente al campamento Barrenechea (51).
El rechazo de la rendición de los pampinos concentrados en La Coruña hacía evidente la intención de Acacio Rodríguez de acabar con la rebelión proletaria de la manera más sangrienta posible, utilizando para ello la artillería. Ante esta situación, los obreros no tuvieron más alternativa que tratar de resistir con los medios a su alcance. Después de la ocupación del campamento Barrenechea que solo opuso una pequeña resistencia, los hombres al mando de Caballero maniobraron para evitar ser rodeados por los huelguistas en el área de Pontevedra y Barrenechea que lanzaban bombas y tiros de carabina contra los soldados. El fuego de una batería de la Armada hizo retroceder a los pampinos, permitiendo el avance de las tropas hasta quedar a 600 metros de la oficina La Coruña. Durante estas maniobras se produjo la ocupación de Pontevedra, donde quedaron arrestados 20 hombres acusados por los empleados superiores de ser los activistas del
movimiento (52).
Luego de constatar que el terreno situado frente al destacamento que se encontraba en las inmediaciones de La Coruña había sido minado por sus defensores, los militares se cargaron hacia la derecha para evitarlo e instalaron las ametralladoras a solo 60 metros de la administración de la oficina, en un punto que les permitía dominarlas. Así, esa misma tarde, las tropas habían ocupado el terraplén de la administración y habían hecho salir de sus casas a numerosos habitantes, arrestando a 50 individuos señalados por los empleados superiores (53).
Al atardecer del viernes 5 de junio se procedió al asalto final contra los sublevados de La Coruña. Los oficiales Acacio Rodríguez y Enrique Caballero, luego de colocar las ametralladoras y batería en lugares estratégicos, ordenaron el bombardeo de los obreros que se encontraban parapetados en las viejas murallas del campamento. Los tiros de fusil y los cartuchos de dinamita lanzados a mano por los defensores no alcanzaban a los militares, en cambio las ráfagas de ametralladoras y los cañonazos, desde gran distancia causaban estragos entre los pampinos.
Como declararía posteriormente el capitán Caballero:
“La distancia para la infantería y ametralladoras fue siempre superior a mil quinientos metros. La artillería disparó con alza de cuatro mil metros. Lentamente y en todo momento protegiendo entre sí una fracción de tropa con otras se avanzó hasta ocupar una posición a seiscientos metros de la oficina Coruña” (54).
Las mujeres y niños, que hasta ese momento no se contaban entre las víctimas del conflicto, caían igual que los hombres alcanzados por las ráfagas de ametralladoras y tiros de cañón. El bombardeo duró una hora, disparándose no menos de cincuenta tiros de artillería antes del ataque de la caballería y de la infantería (55). Los uniformados terminaron de ocupar La Coruña al atardecer del 6 de junio, apresando a decenas de supuestos cabecillas. Ese mismo día, después de “emplear algunas ametralladoras”, las tropas entraron en la oficina San Enrique (56), y en la misma jornada el Ministerio del Interior anunció que Huara, el último reducto en poder de los obreros, había caído en manos de la policía. De esta manera culminaba la recuperación de las salitreras por las fuerzas armadas enviadas por el Estado para aplastar la rebelión popular.
Al mismo tiempo, la prensa comenzaba a entregar algunas informaciones muy parciales sobre lo sucedido. La Nación, por ejemplo, contó que La Coruña, tras larga resistencia, había sido ocupada por fuerzas militares, las que habían encontrado, entre otras cosas, 75 cajones de dinamita, que más o menos 400 individuos habían participado en los asaltos de las oficinas salitreras de ese punto, que se levantaría un campamento de carpas y servicios administrativos y sanitarios organizados por la Comandancia General de Armas para atender a los obreros enfermos “pertenecientes a las oficinas ocupadas por elementos disolventes que desde los primeros momentos se pusieron bajo el amparo de la fuerza militar, por no comulgar con las ideas anarquistas” (57).
El Mercurio, por su parte, solo dio a conocer a sus lectores las informaciones oficiales, aseguró que las versiones que habían circulado sobre los hechos eran “un tanto exageradas” y replicó la información del general De la Guarda según la cual había una treintena de muertos (entre ellos Garrido), un número superior de heridos y 400 detenidos que serían conducidos a Iquique (58).
Según una crónica de los sucesos publicada en Justicia, órgano oficial del PCCh y de la FOCH, al cumplirse el décimo aniversario de la matanza de La Coruña, después de que los militares entraron a la oficina, arrestaron a Garrido y lo condujeron a las “rampas viejas” de las calicheras abandonadas donde lo lancearon “hasta dejarlo clavado en las puntas y regatones de las lanzas del Ejército chileno, desde donde sirvió de ‘blanco’ a los fusiles y pistolas de la oficialidad y de la tropa, obligada a ensañarse en los cuerpos de los obreros pampinos”.
Esa noche sacaron a 60 hombres sindicados de ser federados o cabecillas del movimiento, los que fueron colocados al borde de los “piques secos” (pozos de extracción de aguas salinas, de 60 a 90 metros de profundidad) para dispararles tiros de pistola en la boca, haciéndolos “caer como palomas en las profundidades de sus aguas” (59).
De acuerdo con este mismo relato, los 60 obreros: “[…] cayeron inmolados, uno a uno, en las Trágicas Noches de Coruña; mientras tanto, en el Alto San Antonio, se inmolaban en igual forma, al Secretario General del Consejo N.º 5 y a más de un millar de obreros de las oficinas Galicia, San Pablo, San Enrique y Argentina, cuyos fosos o piques abandonados, quedaron repletos de cadáveres y cuerpos que caían vivos y que tenían que sucumbir en horrorosa agonía.
Sus infames victimarios, en su afán de distinguirse en el ‘Palomeo de los rotos pampinos’, no se preocupaban, si al ponerle la pistola en la boca, perforaba o no la masa encefálica” (60).
Más aún, en una nueva entrega por capítulos de ese mismo artículo, el órgano central comunista-fochista describía en términos que realidad y ficción se entrelazan en función de la construcción de un mito movilizador:
“En Huara, los obreros apresados, después del bombardeo del Local del Consejo, eran sacados de su prisión y conducidos al Cementerio o a los Chuscales que existen más allá de la línea del Ferrocarril Salitrero y obligados a cavar sus fosas, para después alinearlos al borde, y derribarlos a tiros de fusil y carabina; mientras otros obreros que esperaban su turno oficiaban de sepultureros. Así cayeron inmolados centenares de obreros de los sobrevivientes de Maroussia, Sta. Rosa, Constancia, La Santiago, Mapocho y Ramírez. El sádico furor de los hombres, convertidos en tigres y chacales, era quizás estimulado, porque: por cada hombre que le llegaba el turno de caer en el pique o en la fosa cavada por ellos mismos, moría gritando: ¡Viva la Federación Obrera de Chile! ¡Viva el Partido Comunista!
En Pozo Almonte, el heroico gesto de rebeldía obrera y el ansia de liberación proletaria, quedaba sellado por fuertes y formidables obreros que, después de permanecer dos días y dos noches, amarrados con alambres a los postes del teléfono, para obligarlos a retractarse de su ideología revolucionaria, caían asesinados al grito de: ¡Viva la Federación Obrera de Chile!
En Iquique, ciudad declarada en Estado de Sitio, como Pisagua, Caleta Buena y toda la Pampa del Tamarugal, era patrullada de día y de noche por fuertes brigadas de Infantería de Marina, en góndolas y camiones, y hasta cuyas riberas había llegado la huelga y servía para la concentración de grandes convoyes de obreros, que eran internados en el Velódromo y Cuarteles del Ejército, desde cuyo sitio eran sacados a la 1 o 2 de la mañana, para ser embarcados a bordo del acorazado O’Higgins, que periódicamente abandonaba su fondeadero y se hacía mares adentro. Dada la oposición de la marinería, los condenados a muerte, eran desembarcados y reconducidos al cuartel del Granaderos, donde los no alcanzados a ‘Palomear’ en la Pampa, eran colocados en el pozo que existía el centro del patio de la caballada, y con el mismo procedimiento de ‘pistola en boca’, fueron arrojados en él, a medio morir.
Varios días después, relleno el pozo de guano, el Comandante de Regimiento ordenaba pasar el rastrillo, para borrar la humedad de la sangre que todas las mañanas afloraba en su nueva superficie, y al día siguiente tenía que ordenar se repitiera la operación, porque diariamente, parecía que el reto o la maldición de los que cayeron allí asesinados se repetía; y aún hoy, los conscriptos que allí hacen de centinela o vigilante de caballada, se sienten temerosos porque parece que escuchan el lamento de los muertos de ese improvisado cementerio” (61).
El contraste entre el negacionismo, incluso la justificación de la masacre por la prensa burguesa y las instituciones estatales, y la versión heroica de los órganos del movimiento obrero, era enorme. A más de un siglo de ocurridos estos hechos, es necesario intentar ⎯a modo de balance provisorio⎯ una aproximación un poco más precisa que la de los contemporáneos y la trazada por los primeros relatos historiográficos sobre este cataclismo sufrido por la clase proletaria en Chile, tarea a la que me abocaré a continuación.
La Coruña y la rebelión pampina de 1925, entre el mito y la realidad
Aunque están insertas en un mismo contexto, el de la rebelión obrera de la pampa tarapaqueña de la primera semana de junio de 1925, es preciso distinguir las muertes ocasionadas por enfrentamientos entre trabajadores, agentes represivos del Estado y personal de confianza de las compañías salitreras, de la masacre propiamente tal, de la que solo tenemos certeza en La Coruña y Pontevedra por el uso de la artillería del Ejército.
El relato publicado en Justicia en 1935 que da cuenta del asesinato de prisioneros en Huara, Maroussia, Santa Rosa, Santiago, Mapocho y Ramírez no ha podido ser corroborado por otras fuentes. En las oficinas Maroussia, Argentina y Vigo, en el campamento Barrenechea, en el pueblo de San Antonio y en otros lugares, la violencia se desplegó por ambos bandos, siempre con ventaja para los agentes estatales, poseedores de un mayor poder de fuego y de experticia militar, pero sin que existiera una asimetría total en la relación de fuerzas físicas de ambos grupos, de modo tal que los detentores de la “violencia legítima” pudieran realizar la matanza sin peligro físico para sí mismos (62). Ello explica la muerte de algunos guardianes y la cantidad mucho menor de víctimas fatales entre los trabajadores en las oficinas Maroussia, Argentina y Vigo, en el campamento Barrenechea, en el pueblo de San Antonio y en otros lugares si se comparan con los muertos en La Coruña. En esta oficina, en cambio, la masacre fue un hecho cierto pues los militares atacaron con artillería y ametrallaron a la población a una distancia que los hacía invulnerables al débil fuego de fusilería y la dinamita que solo podía ser lanzada a mano por los defensores obreros, lo que explica la ausencia total de bajas entre los uniformados.
Como suele ocurrir en la historia, especialmente en torno a episodios trágicos, las fronteras entre el mito y la realidad se confunden, haciendo muy difícil la reconstitución certera de ciertos hechos, especialmente cuando existen poderes interesados en ocultarlos o deformarlos. Es lo que ocurrió con los sucesos de junio de 1925 en la pampa salitrera tarapaqueña.
Según se rumoreó insistentemente en aquella época, murmullo del cual se harían cargo posteriormente algunos cronistas e historiadores, entre estos Carlos Vicuña en su obra ‘La tiranía en Chile’ (63) y Guillermo Kaempffer en su famoso libro ‘Así sucedió’.
Sangrientos episodios de la historia de Chile, luego de la ocupación de La Coruña, los militares esperaron que salieran muchos obreros que se encontraban adentro a pampa descubierta, los dejaron avanzar hacia ellos e hicieron fuego de ametralladoras. A esta masacre y a la caza de hombres en el desierto habría seguido el “palomeo de rotos” en sus tres versiones: una que consistía en hacer excavar sus propias tumbas a los prisioneros en una línea recta, para luego fusilarlos, lo que provocaba contorsiones de los cuerpos en el aire antes de caer en los nichos recién cavados, convulsiones parecidas al aleteo de las palomas; otra, consistente en disparar a los obreros que se encontraran en la pampa, cuyas cotonas blancas como vestimentas características, hacían más visible y trágicamente espectacular su “aleteo” cual palomas en pleno desierto; y una tercera, menos verosímil que las anteriores, que habría consistido según la narración novelada de Andrés Sabella, en colocar a los trabajadores capturados al borde de los “piques” secos donde “se les daba una pistola para que se dispararan en la boca y rodaran al fondo sesenta, setenta, ochenta, noventa metros; para que como palomas desventuradas aplastaran su propia sangre […]”(64).
Según Kaempffer, para ocultar estos crímenes, numerosos cadáveres habrían sido arrojados a un “pique” de 150 metros de profundidad en un cementerio abandonado que posteriormente habría sido tapado con una “batea calichera” (65). No obstante, estos relatos no han sido respaldados por pruebas, ni documentales, ni arqueológicas. Tampoco se ha podido encontrar evidencias acerca del supuesto “fondeo” en alta mar de prisioneros sacados del velódromo de Iquique en el crucero O’Higgins, ni de las torturas a que habrían sido sometidos antes de ser inmolados.
Por estas razones, por haber ocurrido estos hechos lejos de grandes centros poblados, por la censura de las comunicaciones establecidas por las autoridades, por la clausura y “empastelamiento” de periódicos obreros como El Despertar de los Trabajadores (4 de junio) y por el control completo de la pampa por los militares durante varios días, se hizo prácticamente imposible determinar siquiera un número aproximado de víctimas fatales de la represión de junio de 1925 en La Coruña y otras oficinas, pueblos y campamentos salitreros de la pampa de Tarapacá.
El teniente coronel Acacio Rodríguez entregó una nómina de 48 fallecidos, solo hombres. Carabineros reconoció 59 muertos y alrededor de 520 detenidos en todos los cantones, pero no señaló sus nombres. La Comandancia General de Armas de Tarapacá entregó las siguientes cifras de muertos, detalladas por sectores: Cantón de Primitiva a Pozo Almonte, 20 hombres; Cantón Central a Gallinazos, 24 hombres, además de cuatro policías y civiles ultimados por los trabajadores; esto es, un total de 48 bajas, a las que se agregaban cinco heridos graves y otros de menor riesgo, además de 520 detenidos que fueron conducidos hasta Iquique.
Cabe destacar que entre las 48 víctimas fatales identificadas, no figuraban mujeres, tampoco había ningún nombre femenino en las listas de “agitadores responsables del movimiento” y, lo que es muy sugerente, no hay la menor mención al ataque final a La Coruña ni a la cantidad de muertos provocada por el bombardeo de la artillería (66).
El periódico Justicia habló de 1000 asesinados (67); los diplomáticos británicos, por su parte, calcularon entre 600 a 800 las víctimas fatales y el rumor popular de la época elevó la cifra a 2000 personas exterminadas (68).
Posteriormente, los historiadores darían cifras muy disímiles: Ricardo Donoso calculó en centenares los muertos y heridos; Julio César Jobet anotó que las personas que estuvieron en la zona afirmaban que fueron masacrados 1900 obreros, pero que otros testigos oculares estimaban en más de 3000 las víctimas (69); Alejandro Chelén Rojas fijó en más de 1200 los trabajadores masacrados (70); Guillermo Kaempffer sostuvo que 600 personas murieron al interior de La Coruña (sin considerar los “palomeos” y fusilamientos posteriores) (71); Luis Vitale, basándose en una obra de Moisés Poblete Troncoso publicada en 1929, replicó la aseveración de un testigo anónimo diciendo que los que perecieron en esta matanza no debían bajar de 2000 personas (72); Hernán Ramírez Necochea sostuvo que fueron ultimados “alrededor de 3.000 obreros, mujeres y hasta niños” (73); Brian Loveman cifró en más de 1200 las víctimas fatales(74); en una obra conjunta, Simon Collier y William Sater estimaron en centenares los muertos (75); Harold Blakemore, por su parte, calculó en más de 600 las vidas segadas por la represión en La Coruña (76); Felipe Portales se limitó a citar algunos de los autores mencionados, diciendo que “el número de muertos fue altísimo, pero indeterminado” (77); María Fernanda Guajardo, prudentemente, debido a falta de fuentes confiables, situó la cifra de muertos en no menos de 500, según los informes de diplomáticos británicos, y 2000, siguiendo las voces populares de la época (78); y Rolando Álvarez desestimó este ejercicio declarando que no había “querido entrar en la peregrina discusión sobre la cantidad de muertos en la masacre” (79).
Por mi parte, estimo que, probablemente, el número real se sitúa en torno al millar o, por lo menos, en la cifra más alta indicada por los británicos, 800 muertos, aunque es necesario insistir en que ya no lo podemos precisar. En todo caso, una cantidad como esta haría de la matanza de La Coruña la más sangrienta de la historia de Chile, más letal aún que la de la escuela Santa María de Iquique, triste récord represivo en un país hiperabundante en masacres perpetradas por el Estado contra su propio pueblo.
Corresponde preguntarse por qué el gobierno de la época desató tal nivel de violencia contra los pampinos tarapaqueños en los precisos momentos en que se estaba iniciando una suerte de refundación estatal consistente en la metamorfosis del Estado oligárquico, asocial y excluyente al Estado asistencial, incluyente y de compromiso, después de la promulgación de las leyes sociales de 1924 y en pleno proceso constituyente, cuyo producto, la Constitución presidencialista de 1925, sería considerada por una abrumadora mayoría de analistas como “la más democrática de la historia de Chile”.
Un factor que debe haber pesado en el ánimo de los dirigentes que estaban a la cabeza del Estado (Alessandri e Ibáñez, principalmente), también del intendente de Tarapacá Recaredo Amengual y de los jefes militares de la represión (el general Florentino de la Guarda, el teniente coronel Acacio Rodríguez y el capitán Fernando Enrique Caballero) fue la decisión de un núcleo de dirigentes pampinos de la FOCH y del PCCh de resistir mediante el uso de las armas la contraofensiva estatal a su movimiento y demandas.
En la documentación de la época se repite el nombre de Carlos Garrido, asesinado en “la batalla de La Coruña” como el principal líder comunista/fochista a quien se le atribuyó ser el “comisario del soviet de Tarapacá”, y a ese título, el instigador de la resistencia armada de los obreros. Elías Lafertte, quien fue enviado por la Junta Ejecutiva de la FOCH a Tarapacá a investigar los sucesos de La Coruña, premunido de una carta de Ibáñez en la que se ordenaba a las autoridades le dieran todo tipo de facilidades (esa suerte de salvoconducto no le sirvió de nada pues fue detenido, permaneciendo encarcelado e incomunicado en Iquique durante 75 días, no pudiendo subir a la pampa) (80), como una manera de desligar al PCCh de las acciones armadas de los trabajadores, diría posteriormente en sus Memorias que Garrido era un dirigente anarquista (81).
Versión verdaderamente insostenible, pues este activista era nada menos que el secretario general de la sección sindical de la FOCH en La Coruña, cargo imposible de alcanzar hacia mediados de aquella década por alguien que no perteneciera al PCCh. A lo que habría que añadir que la militancia de Garrido fue ratificada por algunos testimonios, como el del entonces obrero salitrero Justo Zamora (82) y por el propio órgano de prensa central de este partido cuando se cumplieron 10 años de la masacre, al referirse al “camarada Carlos Garrido”, resaltando su valentía y heroísmo (83).
El armamento de los pampinos y sus acciones combativas, aunque desbordaban con creces la orientación moderada que el PCCh y la FOCH implementaban a nivel nacional, no puede explicarse por una influencia ajena, como trató de hacerlo Lafertte sino ⎯como ha sostenido el historiador Rolando Álvarez⎯ por la radicalización de un núcleo de dirigentes locales fochistas/comunistas, que insatisfecho de los resultados obtenidos en las movilizaciones anteriores, “se propuso darle un nuevo carácter a la nueva oleada huelguística” (84). De este modo, la ocupación de las salitreras habría sido una demostración de fuerza ante la autoridad, mas no una afiebrada tentativa de iniciar la revolución social.
Cierto, sostiene este historiador, el levantamiento simultáneo en las oficinas del cantón sur fue el resultado de una acción concertada, pero “en Huara y Pozo Almonte no hubo toma de oficinas, sino más bien una reacción posterior a los hechos, surgida a raíz de la represión producida a propósito de los hechos ocurridos en el cantón sur” (85).
Esta interpretación, que implica que los hechos de La Coruña fueron un fenómeno local, “nacido en la pampa, y que no respondía a una orientación nacional de la FOCH ni del PC” (86), parece ser la más acertada pues pondera de manera equilibrada todos los antecedentes conocidos y, de paso, explica que la matanza fue más bien una señal del poder político hacia los trabajadores para fijar los límites a no transgredir, por muy “social”, “incluyente”, “asistencial” y “de compromiso” que fuera el Estado que pujaba por nacer bajo el estímulo de la franja reformista civil y militar.
La documentación consultada ratifica la hipótesis de un núcleo radicalizado de la FOCH en torno a Garrido, especialmente en La Coruña, donde destacaban por su activismo Abel Milla, Ignacio Olmos, Ramón Campos, Luis Segundo González, Manuel Espinoza, Nicanor Cortez, Abel Tapia, José Cerda, Manuel Farías, Laura Alfaro, Rosa Rojas, Doralisa Tapia, Cantalicia Vargas, María Luisa Vásquez, María Cortez, Felisa Guerra, Rosario Labra, Rosario Chamorro, su hija y Laura Flores (87).
¿Se organizó un soviet en la oficina La Coruña, como sostuvieron las autoridades y la prensa burguesa? ¿Los pampinos comunistas habrían intentado asumir las tareas ilegales ⎯armamento, entre otras⎯ exigidas por la III, que no eran cumplidas por su sección chilena, como afirma Alberto Harambour? (88). El historiador conservador Gonzalo Vial sostuvo que entre las causas de fondo ⎯al igual que en San Gregorio en 1921⎯ había una que fue fundamental: “la miserable condición humana de la masa obrera del caliche”, también “la sorda angustia laboral por la crisis salitrera que se perfilaba, con su corolario de cierres, despidos y desocupación”, sumando como “otro detonante del estallido obrero” indicado en la carta-manifiesto de la FOCH, “la negativa de los empresarios a permitir que se constituyeran, en las oficinas, los sindicatos industriales, autorizados y regulados por las recientes leyes sociales” (89)
Vial escribió que la supuesta “revolución soviética” (las comillas son suyas), “de ser efectivo ese propósito” había dejado muy pocas huellas en el movimiento de los pampinos tarapaqueños y las alusiones de la época a Garrido como un comisario del soviet vestido con atuendos rusos, no parecieron convencerlo, afirmando con ponderado criterio, que nada de esto parece haber sido muy decisivo, ni menos explicaba, tal como lo había observado la FOCH, “que los revolucionarios, de haber sido tales, no volasen las líneas férreas por las que vendrían la tropa y los cañones a aniquilarlos, ni tuvieran acumulado un armamento medianamente eficaz” (90).
Aunque los hechos conocidos señalan con meridiana claridad el rol protagónico de Ibáñez en la represión de junio de 1925 en la pampa tarapaqueña, y parecen sugerir que este ministro-militar habría actuado por cuenta propia, sin previa consulta a Alessandri para despachar tropas al desierto de Atacama con instrucciones para actuar con “energía” ejemplificadora (91), ello no exime al jefe de Estado de responsabilidades políticas, lo que se ratifica en el telegrama de congratulaciones que envió al general De la Guarda, publicado en el periódico Los Tiempos de la capital el 8 de junio de 1925, poco después de consumada la horrenda matanza de pampinos:
“Agradezco a usted, a los jefes, oficiales, suboficiales y tropas de su mando, los dolorosos esfuerzos y sacrificios patrióticamente gastados para restaurar el orden público y para defender la propiedad y la vida injustamente atacadas por instigaciones de espíritus extraviados o perversos […]. Desgraciadamente, espíritus perversos y extraviados, enfermos de odio y de destrucción, se esfuerzan por envenenar el alma sana y confiada de nuestro pueblo, engañándolo con utopías irrealizables que producen exaltaciones y que envenenan el ambiente. Y mientras el gobierno busca el bien de todos en la armonía en la concordia, en el equilibrio de los derechos y de los deberes entre los poderosos y los débiles, los sembradores enconados de odios. Rencores y resentimientos, levantarán tormentas de desorden que forzosamente se resuelven en desgracias, en pérdidas de vidas, en hecatombes que desgarran mi alma y que desploman mi espíritu ante la magnitud de la injusticia y de la incomprensión de aquellos mismos a quienes he servido con tanta resolución […]” (92).
Gonzalo Vial, apoyándose en Memorias inéditas de Enrique Oyarzún, cuenta que poco después dirigentes ferroviarios de San Bernardo visitaron a Alessandri para interceder por los trabajadores trasladados manu militari desde el norte. El “León” se excusó diciéndoles que nada podía hacer, pues el estado de sitio de aquellas provincias entregaba toda la autoridad al ministro de Guerra y les aconsejó que lo fueran a ver. Ibáñez los recibió con su habitual ceño adusto y les respondió con su proverbial brutalidad:
“Es inútil que me digan nada, ya sé a lo que vienen. Como única respuesta vayan a decirle a sus compañeros que, como yo los tengo identificados a Uds., que sin duda deben ser sus más respetados cabecillas, al primer grito de protesta, a la primera señal de desorden… los haré tomar a Uds. para fusilarlos inmediatamente. Pueden retirarse (93) ”.
Así se cerraba la horrible matanza de La Coruña con un séquito de persecuciones al movimiento obrero: decenas de trabajadores flagelados y transportados en pésimas condiciones en barcos de guerra a la zona central del país; traslado en tren a Santiago de centenares de familias expulsadas de las salitreras en situación de indigencia, que terminaron instalándose, como en un guión preestablecido, en miserables albergues para sobrevivir gracias a la caridad pública y la solidaridad de otros proletarios; allanamiento de locales sindicales; cierre y destrucción de imprentas obreras; juicios militares a más de cuarenta dirigentes anarquistas y comunistas de la provincia de Antofagasta; declaración del estado de sitio en la zona del carbón para aplastar huelgas que habían comenzado en mayo; incremento de la campaña de infiltración y espionaje policial de sindicatos de Santiago y Valparaíso; censura de la prensa obrera por oficiales del Ejército hasta noviembre del mismo año y prohibición del uso de la bandera roja, entre otras medidas represivas y de recorte de las libertades públicas (94).
Vista en perspectiva histórica, la masacre de La Coruña había dado inicio al proceso de termocauterio (instrumento médico que utiliza calor para cortar tejido y coagular vasos sanguíneos) que Ibáñez proclamaría sin pudor en vísperas de asaltar el poder y establecer su dictadura. El reformismo estatal rimaba perfectamente con la represión más brutal, tal como volvería a suceder reiteradamente en la historia por venir.
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Notas
() Agradezco a Milton Godoy Orellana y a Patricia Ayala Apablaza sus aportes que contribuyeron a mejorar este texto. (*) Doctor en Historia, profesor titular de la Universidad de Chile, director revista Cuadernos de Historia. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9704-1655
Correo electrónico.sergiogreztoso@gmail.com
(1) Esta oficina salitrera, anteriormente denominada Galicia, tomó su nombre de la localidad gallega La Coruña en España. En numerosas fuentes de época aparece indistintamente mencionada como oficina Coruña y como oficina La Coruña, siendo esta la más corriente en el habla popular, en la prensa y en los estudios historiográficos. Por ello, he optado por “La Coruña”, manteniendo el término “Coruña” a secas cuando aparece de este modo en las citas textuales de diversas fuentes.
(2) Marc Ferro, L’histoire sous surveillance. Science et conscience de l’histoire, Paris, Calmann-Lévy, 1987, p. 8. La traducción de la cita es mía. Felipe Portales se ocupó por señalar autores que son parte de este silencio en su libro Los mitos de la democracia chilena. Vol. II. Desde 1925 a 1938, Santiago, Catalonia, 2010, p. 31.
3 Guillermo Kaempffer, Así sucedió 1850-1925. Sangrientos episodios de la lucha obrera en Chile, Santiago, Talleres de Arancibia Hnos., 1962.
4 Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973), vol. III, Arturo Alessandri y los golpes militares, Santiago, Empresa editora Zig-Zag, 2008, 5ª ed., 2008, pp. 245-255.
5 Alberto Harambour, “Ya no con las manos vacías. (Huelga y sangre obrera en el Alto San Antonio. Los ‘sucesos’ de La Coruña. Junio de 1925)”, en Pablo Artaza Barrios et al., A noventa años de los sucesos de la Escuela Santa María de Iquique, Santiago, Lom ediciones –Centro de Investigaciones Diego Barros Arana–Universidad Arturo Prat, 1998, pp. 183-192.
(6) Rolando Álvarez Vallejos, “La matanza de La Coruña. Chile, 1925”, en Sergio Grez Toso y Jorge Elías Caro, Masacres obreras y populares en América Latina, Buenos Aires, Imago Mundi, 2021, pp. 165-211.
(7) Portales, op. cit., pp. 24-34; Felipe Portales, Historias desconocidas de Chile, Santiago, Catalonia, 2016, pp. 45-51.
(8) María Fernanda Guajardo Núñez, Rebeldía en el Alto San Antonio. Huelga, represión y muerte en la oficina salitrera La Coruña, 1925, Santiago, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2018.
(9) Vial, op. cit., pp. 365-556.
(10) Sergio Grez Toso, “La Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, Chile, 1925. Entre el olvido y la mitificación», en Revista Izquierdas, N°29, Santiago, septiembre de 2016, pp. 1-48. http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2016/n29/1.Grez.pdf
(11) “Las nuevas inscripciones electorales y el deber de la hora presente”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 18 de abril de 1925.
(12) James O. Morris, Las elites, los intelectuales y el consenso. Estudio de la Cuestión social y del sistema de relaciones industriales de Chile, Santiago, Editorial del Pacífico, 1967, pp. 203-210.
(13) Álvarez, op. cit., pp. 176-189.
(14) “La criminal Asociación Salitrera”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 18 de marzo de 1925; Guajardo, op. cit., pp. 28-32.
(15) “La Asociación de Productores de Salitre debe ser disuelta por un decreto-ley”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 8 de marzo de 1925.
(16) “Anexo Informe Cuerpo de Carabineros. Cuerpo de Carabineros, Regimiento n°1 Comandancia, Víctor Guiraldes G. mayor, comandante del Regimiento, Informe sobre los acontecimientos subversivos del 4 al 8 de Junio de 1925. Rol N°233”, Reproducido en Guajardo, op. cit., pp. 132-138; Álvarez, op. cit., pp. 193-199.
(17) “Anexo Informe Cuerpo de Carabineros…”, en Guajardo, op. cit.., pp. 133 y 134.
(18) Véase, a modo de ejemplo, las críticas lanzadas desde las páginas del periódico anarquista El Surco, N°6 y N°31, Iquique, 6 de diciembre de 1924.
(19) Álvarez, op. cit., pp. 170-176.
(20) Archivo Histórico Nacional, Archivo Regional de Tarapacá, “Delegaciones obreras van incitando la Huelga”; Oficio de la Intendencia de Tarapacá al Comandante General de Armas, Iquique, 6 de abril de 1925, Clan; art; itar; v. 1336, p. 255.
https://www.archivonacional.gob.cl/sites/www.archivonacional.gob.cl/files/2023-07/Doc%20005.pdf ;
“El movimiento obrero adquiere grandes proporciones en toda la provincia”, El Despertar de los trabajadores, Iquique, 8 de abril de 1925; “Los grandes movimientos huelguistas toman en cada momento mayor consistencia”, El Despertar de los trabajadores, Iquique, 10 de abril de 1925; “Los movimientos obreros en la provincia siguen inalterables”, El Despertar de los trabajadores, Iquique, 11 de abril de 1925; “El desarrollo de los movimientos huelguistas en la Provincia”, El Despertar de los trabajadores, Iquique, 12 de abril de 1925; “Los grandes movimientos tienden a estenderse a toda la región”, El Despertar de los trabajadores, Iquique, 15 de abril de 1925; “El gran movimiento huelguista ferroviario”, El Despertar de los trabajadores, Iquique, 24 de abril de 1925. Una revisión detallada de estos movimientos en Guajardo, op. cit., pp. 35-48.
(21) “El gran triunfo moral de los trabajadores”, Justicia, Santiago, 30 de abril de 1925. El descontento de los trabajadores también se expresó en la vecina provincia de Antofagasta, desde donde el secretario de la Junta Provincial de la FOCH, el comunista Salvador Ocampo, envió un telegrama al ministro del Interior para denunciar la negativa de los patrones salitreros tarapaqueños a organizar tribunales de conciliación. Archivo Nacional de la Administración (en adelante ARNAD), Colección Fondos Ministeriales, Ministerio del Interior, vol. 6340 Providencias (1925), telegrama de Ocampo, secretario de la Junta Provincial al ministro del Interior, Antofagasta, 10 de abril de 1925, s.fj.
(22) Carta reproducida inextenso en El presidente Alessandri y su gobierno, Santiago, Imprenta Gutenberg, 1926, pp. 405-409.
(23) Álvarez, op. cit., p. 199.
(24) El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 14 de mayo de 1925, citado en Álvarez, op. cit., p. 200.
(25) Ibid.
(26) Archivo Histórico Nacional, Archivo Regional de Tarapacá, Juez del Crimen de turno, “Atentado vandálico”, Iquique, 28 de mayo de 1925, Clan; art; itar; v. 1332, p. 12 chrome#extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.archivonacional.gob.cl/sites/www.archivonacional.gob.cl/files/2023-07/Doc%20020.pdf
(27) Archivo Histórico Nacional, Archivo Regional de Tarapacá, Oficio “Al comandante del Buque O’Higgins, mantener los buques de la Armada en Iquique y Antofagasta durante junio”, Iquique, 30 de mayo de 1925, Clan; art; itar; v. 1332, pág. 141. chrome-extension:
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(28) Álvarez, op. cit., p. 200.
(29) “Informe del Comité Ejecutivo al proletariado del país sobre los sucesos del norte”, Justicia, Santiago, 19 de junio de 1925. También fue reproducido en La Jornada Comunista, Valdivia, 25 de junio de 1925 y en otros periódicos.
(30) Este periódico, fundado por Luis Emilio Recabarren en 1912, era el principal órgano de expresión de la FOCH y del PCCh en Tarapacá.
(31) “Ayer fue clausurado en Iquique el diario comunista ‘El Despertar’”, La Nación, Santiago, 3 de junio de 1925; “Sobre el cierre de ‘El Despertar’ de Iquique”, La Nación, Santiago, 4 de junio de 1925; “Por orden del gobierno, dicen las informaciones de la prensa burguesa de ayer, se ha clausurado el diario comunista de Iquique”, Justicia, Santiago, 4 de junio de 1925; Guajardo, op. cit., pp. 69-74; Vial, vol. III, p. 247.
(32) Guajardo, op. cit., p. 90.
(33) “En la pampa salitrera ocurren graves sucesos”, La Nación, Santiago, 5 de junio de 1925; Guajardo, op. cit., pp. 74-79; Álvarez, op. cit., pp. 203-205.
(34) “Anexo: Comandancia General de Armas de Tarapacá”. Enrique Caballero V. Capitán, Oficina San Pedro, 18 de junio de 1925, Al señor General y comandante Gral. de Armas de Tarapacá, reproducido en Guajardo, op. cit., p. 124.
(35) Ibid., pp. 124 y 125.
(36) “Después de veinticuatro horas de inquietante incertidumbre se ha logrado sofocar el movimiento subversivo de la pampa salitrera”, La Nación, Santiago, 4 de junio de 1925.
(37) “Rumores sobre huelga en Antofagasta”, La Nación, Santiago, 4 de junio de 1925; Kaempffer, op. cit., p. 249.
(38) Carlos Charlín, Del avión rojo a la República Socialista, Santiago, Editorial Quimantú, 1971, pp. 116 y 117.
(39) “Anexo Informe Cuerpo de Carabineros…”, en Guajardo, op. cit.., pp. 135; Álvarez, op. cit., p. 205. Ver también “En la pampa salitrera ocurren graves sucesos”, op. cit.
(40) “Anexo Informe Cuerpo de Carabineros. Cuerpo de Carabineros, Regimiento n°1 Comandancia, Víctor Guiraldes…”, en Guajardo, op. cit., pp. 124 y 125; ARNAD, Colección Fondos Ministeriales, Ministerio del Interior, vol. 6343 Providencias (1925), telegrama del intendente Amengual al ministro del Interior, Iquique, 5 de junio de 1925, s. fj.; Vial, vol. III, p.248.
(41) “Anexo: Comandancia General de Armas de Tarapacá…”, en Álvarez, op. cit., p. 125.
(42) “Coruña. Sangrienta masacre de trabajadores en la Pampa del Tamarugal”, Justicia, Santiago, Nº4, cuarta época, 3ª semana de junio de 1935.
(43) Garrido parece haber sido un hombre muy resuelto. Según el testimonio de Homero Bascuñán (seudónimo de Homero Cortés, 1901-1998), quien antes de llegar a ser escritor trabajó como obrero en numerosas oficinas salitreras tarapaqueñas, poco antes de la masacre en La Coruña, Garrido declaró ante un grupo de pampinos que su decisión ya estaba tomada, que nadie lo detendría, que seguramente los apresarían y los condenarían a 20 o 30 años de cárcel, pero que saldría en libertad siendo joven aún para salir luchando. Entrevista de Alfonso Calderón a Homero Bascuñán, Santiago, 1982. 2 cassettes. Audio: https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:153570
(44) Guajardo, op. cit., p. 102. Julián Cobo, un artista popular itinerante que recorría la pampa interpretando comedias y sainetes cómicos durante buena parte del ciclo del salitre, contó en sus memorias que por aquellos primeros días de junio corrió el rumor de que “las tropas marchaban a la pampa en apoyo a la clase trabajadora”. Julián Cobo, Yo vi nacer y morir los pueblos salitreros, Santiago, Quimantú, 1971, p. 88.
(45) Guajardo, op. cit., p. 103.
(46) “Anexo Informe Cuerpo de Carabineros. Cuerpo de Carabineros, Regimiento n°1 Comandancia, Víctor Guiraldes…”, en Guajardo, op. cit., p. 136.
(47) Citado en Guajardo, op. cit., p. 104.
(48) Vial, op. cit., p. 247.
(49) Guajardo, op. cit., p. 104.
(50) “Informe del Comité Ejecutivo al proletariado del país…”, op. cit.
(51) “Anexo: Comandancia General de Armas de Tarapacá…”, en Guajardo, op. cit., p. 124.
(52) Guajardo, op. cit., p. 90; “Anexo: Comandancia General de Armas de Tarapacá…”, en Guajardo, op. cit., pp. 125 y 126.
(53) Ibid., p. 126.
(54) “Declaración del capitán don Enrique Caballero Varas”, Iquique, 12 de septiembre de 1925, en el anexo digital de fuentes, Guajardo, op. cit.
(55) Testimonio de Abel Gómez Cervela ⎯hermano del pulpero asesinado en La Coruña⎯ publicado en El Tarapacá, Iquique, 6 de junio de 1925, citado en Álvarez, op. cit., p. 206.
(56) El Tarapacá, Iquique, 6 de junio de 1925, citado en Álvarez, op. cit., p. 206.
(57) “La huelga en la zona del salitre ha terminado”, La Nación, Santiago, 7 de junio de 1925.
(58) “En el norte vuelve rápidamente la normalidad”, El Mercurio, Santiago, 6 de junio de 1925; “Se está limpiando la pampa salitrera de anarquistas y subversivos”, El Mercurio, Santiago, 8 de junio de 1925.
(59) “Coruña. Sangrienta masacre de trabajadores en la Pampa del Tamarugal”, op. cit. La forma como se habría producido el asesinato de Garrido, narrado en este artículo, coincide con el relato literario de Andrés Sabella publicado casi una década más tarde en su principal novela: “a la medianoche del 4 de junio fue llevado hasta unas calicheras abandonadas y las lanzas lo aportillaron, dejándolo como una colmena peligrosa. Después lo clavaron para desampararlo en la adustez del desierto. Los oficiales jugaron a marcar fama en su corazón”. Andrés Sabella, Norte Grande. Novela del salitre, Santiago, Ediciones Orbe, 1944, p. 201. Como es sabido, Sabella era militante del PCCh, lo que permite suponer que tomó como base para sus afirmaciones la narración de Justicia, de otros órganos comunistas o de la tradición oral de su partido.
(60) Ibid.
(61) “Coruña. Sangrienta masacre de trabajadores en la Pampa del Tamarugal”, Conclusiones del N.º 4, Justicia, Santiago, Nº6, cuarta época, 2ª semana de julio de 1935.
(62) Aunque el concepto de masacre ha sido definido de distintas maneras, un rasgo generalmente aceptado es que “hay masacre cuando un grupo de animales o de personas, sin defensa, al menos en ese momento, las más de las veces por otro grupo que cuenta con los medios físicos y el poder que le permiten emprender la matanza sin peligro físico para sí mismo”, lo que implicaría una asimetría total de fuerzas físicas, y se realizaría en un lugar preciso y en un tiempo limitado. Mark Levene y Penny Roberts (eds.), The massacre in History, Berghahn Books, New York – Oxford, 1999, p. 5. Una revisión más amplia del concepto en Sergio Grez Toso y Jorge Elías Caro (compiladores), Masacres obreras y populares en América Latina durante el siglo XX, Buenos Aires, Imago Mundi, 2021, pp. XI-XIII.
(63) Carlos Vicuña, La Tiranía en Chile, Santiago, Lom Ediciones, 2002.
(64) Sabella, op. cit., pp. 201 y 202. De acuerdo con lo anotado por este autor, se habrían producido “palomeos de rotos” en La Coruña, San Pablo, Argentina, San Enrique, Huara, Santa Rosa, Maroussia, Mapocho, Ramírez, Santiago, Constancia, además de en el regimiento Chacabuco de Iquique. op. cit., pp. 202-204.
(65) Kaempffer, op. cit., pp. 255-260; Vicuña, op. cit., pp. 320-323. Sobre el “palomeo” de pampinos después de ocupada La Coruña, véase también Lafertte, op. cit., pp. 175 y 176, y Cobo, op. cit., p. 88.
(66) “Anexo: Comandancia General de Armas de Tarapacá…”, en Guajardo, op. cit., p. 126-130. María Fernanda Guajardo hizo un levantamiento detallado de las discrepancias en los relatos oficiales en cuanto a las fechas de los sucesos, las oficinas tomadas por los huelguistas y la cantidad de muertos en los enfrentamientos. Op. cit., pp. 96-99.
(67) “La imprenta de ‘El Despertar’ de Iquique ha sido destruida dos días después de su clausura”, Justicia, Santiago, 13 de junio de 1925.
(68) Vial, vol. III, op. cit., p. 248.
(69) Julio César Jobet, Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile, Santiago, Editorial Universitaria, 1955, pág. 172.
(70) Alejandro Chelén Rojas, Trayectoria del socialismo. Apuntes para una historia crítica del socialismo chileno, Buenos Aires, Editorial Austral, s/f, p. 46.
(71) Kaempffer, op. cit., p. 257.
72 Luis Vitale, Interpretación marxista de la Historia de Chile, Tomo V De la República parlamentaria a la República Socialista (1891-1932), Santiago, Lom Ediciones, p. 300.
(73) Hernán Ramírez Necochea, “Origen y formación del Partido Comunista de Chile”, en Hernán Ramírez Necochea, Obras escogidas, Santiago, Lom Ediciones, 2007, vol. II, p. 298.
(74) Brian Loveman, Chile. The Legacy of Hispanic Capitalism, New York, Oxford University Press, 1988, p. 220.
(75) Simon Collier y William E. Sater, Historia de Chile 1808-1994, Madrid, Cambridge University Press, 1999, p. 191.
(76) Harold Blakemore, “Desde la Guerra del Pacífico hasta 1930”, en Leslie Bethell (editor) Chile desde la Independencia, Santiago, Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez, 2009, p. 101.
(77) Portales, Historias desconocidas…, op. cit. p. 46. Ver también, Portales, Los mitos…, op. cit., p. 29. En este libro, Portales ofrece un panorama de las justificaciones de la masacre por medios de prensa, intelectuales y políticos de la época. Op. cit., pp. 29-31.
(78) Guajardo, op. cit., p. 112.
(80) Lafertte, op. cit., pp. 175-182.
(81) Ibid., p. 174.
(82) Álvarez, op. cit., p. 207. Algunos años después Zamora ingresó al PCCh, llegando a ser parlamentario y miembro de su Comisión Política. Véase Reseña biográfica de Justo Zamora Rivera en Biblioteca del Congreso Nacional, Reseñas biográficas parlamentarias:
https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Justo_Zamora_Rivera
(83) “Coruña. Sangrienta masacre de trabajadores en la Pampa del Tamarugal”, Justicia, Santiago, 3ª semana de junio de 1935, op. cit.
(84) Álvarez, op. cit., p. 208.
(85) Ibid., p. 209.
(86) Ibid., pp. 208 y 209.
(87) “Declaración de Luis Hevia Pinto”, Oficina Coruña, 13 de agosto de 1925 y “Declaración de Manuel Zegarra Galeas”, Oficina Coruña, 8 de agosto de 1925, en el anexo digital de fuentes, Guajardo, op. cit.
(88) Harambour, op. cit., p. 190.
(89) Vial, vol. III, op. cit., p. 253.
(90) Ibid., pp. 253 y 254.
(91) Este fue el planteamiento de Carlos Vicuña, quien aseguró que Ibáñez, “por sí y ante sí” autorizó a De la Guarda “para reprimir y sofocar la revolución a sangre y fuego” y, a pesar de que el militar le telegrafió que la situación podía dominarse sin medidas extremas, el ministro-coronel le ordenó enviar las tropas a la pampa para someter por la fuerza a los sublevados. De acuerdo con esta versión, cuando todo estaba consumado, Ibáñez informó a Alessandri de lo sucedido, obligándolo “a hacer la comedia de ordenar él la represión”.Vicuña, op. cit., p. 321.
(92) “El presidente de la República expresa sus congratulaciones al general De la Guarda por la actuación de las Fuerzas Armadas en los sucesos del norte”, Los Tiempos, Santiago, 8 de junio de 1925.
(93) Vial, op. cit., p. 249.
(94) Portales, Los mitos…, op. cit., pp. 32-34.
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