La Corte Suprema acogió el recurso presentado por el directorio comunal del Colegio de Profesoras y Profesores de Quilleco, Región del Biobío, y determinó que los descuentos aplicados a docentes por movilizaciones fueron ilegales y arbitrarios, al no existir un procedimiento administrativo previo que garantizara el debido proceso y el derecho a defensa.
El fallo ratificó lo sostenido por el Colegio de Profesoras y Profesores, señalando que la pretensión de la Contraloría de validar descuentos automáticos sin investigación previa no se ajusta a derecho.
La participación en movilizaciones es un derecho y no puede ser sancionada de manera discrecional.
La resolución ordenó la restitución íntegra de los montos descontados, marcando un precedente relevante a nivel nacional y reforzando la importancia de la organización gremial en la defensa de los derechos laborales del profesorado.
La presidenta gremial del magisterio de Quilleco, Melissa Águila, valoró profundamente la resolución, señalando que esta sentencia confirma el actuar ilegal del municipio y entrega una señal clara de respaldo a la labor y dignidad del profesorado: «El fallo no solo repara un daño económico, sino que restituye la dignidad del trabajo docente y establece un precedente que protege a profesores y profesoras de todo el país frente a decisiones arbitrarias».