Este 21 de febrero del 2026 se conmemoran 13 años desde el vil asesinato de Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical de la empresa Azeta, subcontratista de Chilectra. Al día siguiente, el 22 de febrero, el dirigente tenía audiencias en tribunales y en la Dirección del Trabajo para denunciar abusos de la empresa.
Juan Pablo murió por un disparo del sicariato empresarial, en la misma empresa en Santiago. Había terminado su turno y se sentó a revisar documentación relacionada con su actividad sindical. Minutos después, a las 15:56 horas, se desplomó muerto. El trabajador Mario Gutiérrez lo encontró sin vida y en un charco de sangre. Un video de seguridad grabó lo sucedido.
Lo trasladaron al hospital de la Mutual de Seguridad, pero fue inútil. Hasta ese momento, todos pensaban que había muerto por un derrame cerebral. La autopsia del Servicio Médico Legal (SML) dijo otra cosa: una bala le había perforado el cráneo. La investigación judicial de este raro caso recién estaba comenzando y existían varias hipótesis. «Juan Pablo fue asesinado al interior de la empresa, al término de su jornada de trabajo, y sin que la gerencia pueda explicar lo sucedido», señaló el sindicato entonces.
Juan Pablo Jiménez lideró un duro proceso de negociación colectiva, que culminó en diciembre de 2012. El sindicato votó la huelga, pues no hubo acuerdo con Azeta. Sin embargo, la asamblea decidió acogerse al artículo 369 del Código del Trabajo. «Eso molestó a la empresa porque significaba repetir la negociación en el plazo de un año, es decir, este año», dijo la abogada Margarita Peña, asesora del Sindicato Nº1.
Juan Pablo había presentado muchas denuncias contra Azeta por abusos y condiciones deficientes de seguridad, entre otras. En junio de 2012, falleció electrocutado el trabajador Richard Trincado. En los últimos días, las diferencias entre el sindicato y la empresa se agudizaron, producto del cuestionamiento de los trabajadores al tipo de arnés de seguridad que se les quiso imponer. Se trata de trabajadores subcontratistas de Chilectra, encargados de reponer el servicio y que desarrollan labores en condiciones de alta peligrosidad.
Juan Pablo Jiménez era un trabajador como cualquier otro, con familia, esposa e hijos. Hasta el día de su asesinato, luchó incansablemente por los derechos de las y los trabajadores, así como para combatir la precariedad del subcontrato. Al igual que otros trabajadores subcontratados que se levantaron en lucha contra la explotación, como Rodrigo Cisterna en Celulosa Arauco en el sur el año 2007, o como Nelson Quichillao en las mineras en el norte el año 2015, Juan Pablo cayó víctima de la patronal por luchar por la dignidad de la clase trabajadora y por la conquista de mejores condiciones laborales.
Como ya es habitual, el discurso oficial de investigaciones y medios de comunicación, se subordinaron a los intereses empresariales y, contra toda prueba del caso, determinaron que a Juan Pablo le dio muerte una “bala loca”. Para la familia, compañeros y compañeras, el relato del capital ocultó las prácticas de persecución y matonaje que se activan toda vez que en la clase trabajadora emergen dirigentas y dirigentes honestos, consecuentes y que sirven a su pueblo.
La crisis económica y social en curso, sigue golpeando duramente al pueblo trabajador y las mayorías sociales. Al alza de costos de los servicios y bienes básicos para la subsistencia, se suman los bajos sueldos, la informalidad laboral, las bajas pensiones y un largo etcétera.
Uno de sus compañeros de faena, indicó que «Por eso nuevamente reivindicamos a Juan Pablo Jiménez en su compromiso con la defensa de las y los trabajadores y la lucha por la mejora en sus condiciones laborales y salariales» y añadió «Que su impune asesinato siga siendo testimonio y ejemplo de la necesaria e imprescindible lucha que debemos dar día a día contra la injusticia, el abuso y la explotación. Nuestra mejor herramienta es la unión de las y los trabajadores, la organización de la clase y la lucha en defensa de nuestras demandas sociales».
* Varias fuentes